Los jesuitas publican un informe denunciando la situación de los CIE y las expulsiones exprés de inmigrantes en España

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Este jueves por la mañana ha tenido lugar en Madrid la presentación del “Informe CIE y Expulsiones Exprés” por parte del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y del equipo de visitas a los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros) de Pueblos Unidos en la oficina del Defensor del Pueblo. Miriam, una mujer latinoamericana que ha sufrido la deportación de su hijo, ha dado su testimonio y narrado en primera persona la atrocidad de este sistema de “devolución”.

Durante el acto, el coordinador del Servicio Jesuita a Migrantes, Miguel González ha hablado de la decepción que el Reglamento CIE, aprobado hace más de un año, ha supuesto para todas las personas que lo acogieron con esperanza, “tras un año de su aprobación, no se ha implementado casi nada del Reglamento de los CIE”.

La falta de dotación económica y la ausencia de una circular de la Dirección General de la Policía con instrucciones uniformes de aplicación del reglamento para todos CIE hacen que se dificulte la tutela efectiva y que no se garanticen los derechos de las personas internadas.

José María Trillo-Figueroa, abogado de Pueblos Unidos y responsable de la elaboración del informe, ha presentado la preocupante situación actual de los CIE y el incumplimiento del reglamento aprobado en marzo de 2014, hace ya más de un año.

“Especialmente grave es que, un año después de aprobarse el reglamento, no se han cubierto siquiera las plazas de administrador, secretario y médico responsable en cada CIE. La realidad es que avanzamos hacia un modelo de repatriación de dos velocidades”, denuncian en un comunicado.

“Las expulsiones exprés (57,8 por ciento) han superado en número a las expulsiones desde los CIE (42,2 por ciento) y están relacionadas con los macrovuelos de deportación, práctica también creciente en los últimos años. Aunque también se producen en vuelos comerciales”, añaden.

“Cuando se programa un macrovuelo a uno o varios países de origen –prosiguen– se activa una persecución discriminatoria de los ciudadanos del país de destino para llenar los vuelos. Se ha llegado incluso a buscar a las personas migrantes a sus casas, sus asociaciones, a las puertas del colegio de sus hijos”.

“Se han registrado en el último año 6.462 expulsiones exprés  –desde comisaria directamente y en menos de 72 horas desde la detención– frente a las 4.726 expulsiones procedentes desde los CIE”, señalan.

Por su parte, el coordinador del Grupo de Visitas al CIE de Pueblos Unidos, Ángel Campos ha explicado el trabajo del equipo de visitas a los CIE desde la privilegiada mirada que le proporciona su contacto directo con las personas internas.

Así, se ha referido a la situación actual de los centros, “en los que casi nada ha cambiado a pesar de la aprobación del reglamento: instalaciones antiguas y mal mantenidas, asistencia médica deficiente, ausencia de servicios sociales y jurídicos en algunos CIE, ausencia de traductores y sin un régimen general de acceso de ONG en algunos CIE, lo cual deja a la persona doblemente vulnerable”.

“El equipo de visitas a los CIE ha constatado en 2014 seis casos de agresiones durante el traslado al aeropuerto y trato vejatorio durante el internamiento. Las ONG no son bien vistas en los CIE y las personas internadas sienten que hay una situación de impunidad”.

Miriam, una mujer latinoamericana que lleva 15 años en España y tiene permiso de residencia de larga duración, ha relatado cómo su hijo ha sido víctima de una expulsión exprés en 2014. En 2009, después de varios años separada de su hijo por necesidades económicas, pudo traerlo a España con 15 años y el chico se incorporó a su familia y empezó a estudiar.

Miriam solicitó la regularización de su hijo, pero se la denegaron una y otra vez y comenzó a sentirse acosado porque le detuvieron 3 veces siendo menor de edad, sin presentar ningún cargo. Cuando cumplió 18 años le siguieron deteniendo varias veces, “mi hijo tenía miedo a salir a la calle”. La última vez lo detuvieron cuando llegó en bicicleta al instituto donde estudiaba. “¿Por qué? No me dieron información, no le pusieron abogado hasta el día siguiente y no me dejaron ir a verlo y despedirme o que viniera a casa a recoger sus cosas”.

“Se lo llevaron en 40 horas”. “Se lo llevaron el día 20 y yo tenía hora para su regularización el día 27… ¡es injusto! No me recibió el juez, no me dieron posibilidad de alegar nada, me sentí desamparada”. “Es muy duro, mi hijo está allá, estamos otra vez separados”.

Durante la rueda de prensa, el coordinador del SJM-E, Miguel González ha hablado también de la tragedia del Mediterráneo y de la respuesta política: “Exigimos que la prioridad sea salvar vidas. El año pasado con la aprobación de la operación Mare Nostrum se salvaron más de 18.500 personas, con un coste de 9 millones de euros, lo mismo que cuesta hacer un kilómetro del ave y esa operación se ha cancelado”.

Además, ha valorado muy negativamente cuatro de los diez puntos aprobados por los ministros europeos a principios de esta semana.

Por último, González ha instado a Europa a que priorice salvar vidas y que se abran más vías de acceso legal y seguro a Europa. “¿Por qué la gente que huye de países en guerra se tiene que jugar la vida para acceder a protección?”, se ha preguntado. “Reclamamos un esfuerzo europeo urgente –ha subrayado– por atender a las personas que entran en el país y que son rescatadas, y por dirigir la mirada a medio plazo a las causas del problema migratorio (conflictos, pobreza y desigualdad) y no tanto las mafias”.

Fuente: Zenit.org y Jesuitas.es

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